El secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, es un campanazo de alerta para pensar que algo anda mal en la seguridad del país, que el discurso debe ser menos alienador y, lo más importante, para tener en cuenta que el lenguaje no cambia la realidad y que ésta siempre lo supera todo.
Digo esto porque tras el discurso de la Seguridad Democrática, que sirvió hasta para reelegir presidente, se han ocultado los focos de violencia que sigue habiendo en el país. Como todos compramos la idea del territorio seguro, nos confiamos y creímos que ahora sí estábamos en un país vivible. Nos creímos tanto todo esto, que bajamos la guardia y le restamos importancia a los testimonios de quienes en siete años de Seguridad Democrática nacional no la han conocido.
Uno no puede ser siego para desconocer que el país sí tuvo un gran avance en materia de seguridad, y que la política diseñada para recuperar el territorio nacional de manos de los grupos ilegales y mermar el vivo dominio de éstos en regiones específicas del país, se hizo notar en esta parte. Claro, más al principio que ahora.
Pero de cierto modo y particularmente en el último año, algo ha comenzado a andar mal. Si bien exageraría al señalar que los grupos guerrilleros y particularmente las Farc, siguen siendo tan fuertes como lo eran hasta bien entrado el 2002, no erro al afirmar que son un grupo que sigue vivito y que está tomando impulso. O al menos eso parece
Nuevamente hemos visto a las Farc intentando tomarse pueblos (particularmente en el Cauca), apareciendo en las carreteras y que mando buses en plena vía y, como si fuera poco, repitiendo operaciones que creíamos irrepetibles, como entrar en una residencia en zona céntrica de una capital departamental, burlar las autoridades y regímenes de control (en plena Seguridad Democrática) y secuestrar ciudadanos. También los vimos irrumpir nuevamente en un recinto legislativo (no tan grande como la Asamblea Departamental del Valle del Cauca) y llevarse a representantes de los colombianos, con los guardianes de la Seguridad Democrática rondando por los alrededores.
Entonces, aquí algo está fallando, nos confiamos mucho, nos quedamos con el discurso que ya nos habíamos creído y nos cogieron con los calzones abajo cuando decíamos tenerlos bien puestos. No es que quiera desconocer logros y denigrar de la Política de Seguridad Democrática, pero sí creo que hay que repensarla.
Pero no se puede olvidar que la Política de Seguridad Democrática fue concebida también para enfrentar las grandes organizaciones delincuenciales y a las bandas de grupos narcotraficantes. Pues ahí también algo anda mal.
En la Región del Pacífico, por ejemplo(sólo un pequeñísimo caso), reductos paramilitares, como hombres del Bloque Baudó, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que nunca se desmovilizaron, siguen siendo mercenarios del narcotráfico en esa zona y operan campantemente frente al miedo de una población que por el susto no denuncia.
Estos “nuevos paramilitares” operan particularmente desde los corregimientos de Cantil y Terrón, en el Bajo Baudó, Chocó. Y como si fuera poco, el fenómeno del sicariato llegó a poblaciones tan pequeñas como Bahía Solano, en el mismo departamento.
Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Ante esto uno se pregunta ¿dónde pueden esconderse unos sicarios luego de cometer un asesinato en un pueblo tan estrecho como Bahía Solano y que no lo sepan las autoridades? ¿Acaso la Seguridad Democrática no es nacional? ¿Qué está pasando entonces con esta política del Gobierno?
Amén