De ante mano, quiero dejar claro que no intento defender a nadie con este escrito. Sólo intento dar una mirada a las posturas que sobre uno y otro tema asume la Procuraduría General de la Nación.
Soy de los que no se sorprende con el fallo de esta entidad que destituye e inhabilita por 18 años para ejercer cargos público a la ahora ex senadora Piedad Córdoba. No porque el acerbo fuera evidente, sino por que de antemano se conocía la postura del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez y se sabía que era una investigación que se adelantaba a partir del ya casi evidente fallo.
De igual manera, tampoco me sorprende que esta misma entidad salga ahora a pedirle a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que absuelva al ex congresista Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe.
Según el procurador, las pruebas que incriminan a Mario Uribe, no son suficientes para condenarlo, pero tampoco muestras las evidencias que lo sacan limpio de esta investigación. De esto ya se puede inferir que aún si la alta corte condena a Uribe, por sus hasta ahora presuntas relaciones con jefes paramilitares, el procurador es capaz de no destituirlo e inhabilitarlo, sin importar que haya una condena de por medio y si lo hace, estoy seguro que la inhabilidad no sería tan alta.
En el caso de Piedad Córdoba, (no digo que sea inocente), ya la Corte Suprema se pronunció al respecto y desistió de la investigación que adelantaba contra ella, por sus presuntas relaciones con las Farc. Es decir, el procurador le está enviando un “mensajito” a la corporación.
De todas maneras, una cosa es cierta. Mientras la responsabilidad penal de Piedad está por determinarse, la Procuraduría se adelanta y la destituye e inhabilita. Sin embargo, aunque la culpabilidad de Mario Uribe también está por esclarecerse, la entidad pide que lo absuelvan. Entonces, ¿no sería mejor que la Corte Suprema también aclare de una vez por todas, la situación penal de Córdoba en tal caso?
Más allá de estos dos casos específicos, uno puede mirar lo siguiente: la inhabilidad aplicada a Piedad bien puede considerarse exagerada, no porque de ser culpable no se la merezca, sino, porque a parapolíticos condenados penalmente, que están purgando sus penas en la cárcel, por relaciones con grupos paramilitares, comprobadas abiertamente por su juez natural, no se les ha aplicado una sanción disciplinaria tan alta. A estos “padres de la patria”, más temprano que tarde los veremos de nuevo en el escenario de la vida política nacional ocupando cargos públicos, como si nada. Es esa ya generalizada forma de aceptar que las barbaridades cometidas por los grupos guerrilleros, particularmente las Farc, y todo lo relacionado con ellos, son más graves que las cometidas por los paramilitares.
¿No será, entonces, que la actividad del procurador está dejando en evidencia su tendencia política y está demostrando para qué lo pusieron en tal cargo? No lo sé. De todas maneras, creo que hay que mirar con más detenimiento el proceder de nuestro juez disciplinario ¿y moral? Aquí algo no coincide.
Amén