Villa Adelaida, entre los intereses económicos y su valor histórico

Un patrimonio cultural que se debate entre el uso público y privado

Desde que en 2004 el Ministerio de Cultura declaró la casona Villa Adelaida como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, mediante la Resolución 479, a solicitud del Distrito Capital, para resaltar el valor histórico de este inmueble y con el ánimo de preservar la memoria de la ciudad, se comenzó a tejer toda una maraña de intereses económicos al rededor de la casa construida en 1914 por el arquitecto colombiano, Pablo de la Cruz, como encargo de don Agustín Nieto Caballero.

Los vecinos del barrio Emaus, que va de la Carrera Cuarta a la Carrera Séptima y de la Calle 68 a la 70A, donde está ubicada la villa, ya venían siendo afectados por el cambio del uso del suelo de residencial a comercial, sin que el Departamento Distrital de Planeación los consultara, se opusieron a que les creen un centro comercial en el sector y peor aún, a que un bien que es patrimonio nacional, tenga un uso meramente comercial.

Según Blanca López, vecina del sector e integrante la Asociación Cuidadores del Ambiente, las jugadas del Distrito comenzaron cuando la administración de Luis Eduardo Garzón, modificó el Decreto 075 de 2003, el cual regula la Unidad de Planeación Zonal, UPZ, El Refugio-Lago-Chicó, donde se encuentra Villa Adelaida, “sólo para favorecer a los interesados en comercializar con un bien nacional”.

Frente a esto, López denuncia que el barrio se les ha saturado de restaurantes, se les ha encarecido y el aumento del flujo de vehículos les ha deteriorado su calidad de vida. El barrio que antes era residencial, ahora cuenta con 31 restaurantes, lo cual ha aumentado el déficit de parqueo en la zona.

“Esta zona ya está saturada de comercio, estamos llenos de restaurante y como están localizados en casas de conservación, ninguno cuenta con parqueadero, aunque la ley dice que ellos deben tener contrato máximo a 500 metros y pagar unos cupos de compensación. En estos momentos en Villa Adelaida funciona el Parking Sistem, pero está saturado con las oficinas del sector”, indicó Blanca López.

Esta defensora del bienestar común también alega que la carrera quinta con sólo siete metros de ancho da un tiempo de cruce de hasta 15 minutos en las horas pico y si les construyen un centro comercial “incumpliendo las normas” urbanas del Distrito su calidad de vida se deterioraría.

Por su parte, Juan Luis Moreno, presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, sostiene que la entidad y los vecinos no se oponen a la restauración de Villa Adelaida y al igual que Blanca López, lo que cuestiona es la legalidad del uso que se le va a dar a un Bien Cultural de la Nación, puesto que al convertirlo en centro comercial y restaurante, se violan las normas establecidas para este tipo de patrimonio.

“La Sociedad de Mejoras y los vecinos del sector, no se oponen al plan de restauración. De hecho, el 29 de enero de 2009 se autorizó la restauración de la casa y hemos señalado que la autorización para restaurar el inmueble es una restauración parcial, restaura sólo la casa. Hay que entender que Villa Adelaida es una quinta, la última quinta de chapinero… es casa más jardín. La restauración y el proyecto como fueron aprobados por el ministerio (de Cultura) son tan grave, como si se autorizara restaurar la Quinta de Bolívar,  únicamente preservando la casa y en los 10 mil metros de jardín construir un centro comercial”, señaló Juan Luis Moreno.

Moreno también agregó que el proyecto “sería muy rentable, pero “completamente ilegal, porque contraría: primero la declaratoria misma de la villa como un entorno valiosísimo en Bogotá y segundo, es tan grave que viola el decreto expedido por el presidente de la república el 10 de marzo de 2009”.

Tal decreto señala que los bienes de conservación tipo monumentales arquitectónicos y monumentales de conservación integral no permiten obra nueva.

La restauración y sus intenciones

Una vez el predio fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, a solicitud del Distrito Capital, para deshacerse de la papa caliente, el Ministerio de Cultura debía expedir un Plan Especial de Protección, PEP, para restaurar la villa que se cae a pedazos y es propiedad privada.

Actualmente la última de las antiguas villas de Chapinero es administrada por la corporación Alianza Fiduciaria y se convirtió en epicentro de un álgido debate, cuando se abrió la convocatoria para escoger el proyecto que más le conviniera al inmueble.

Tal convocatoria buscaba un diseño urbanístico que incluyera la antigua construcción, teniendo en cuenta su valor histórico y considerando además, que se encuentra en pleno centro financiero de Bogotá, lo cual  la convierte en objeto de la codicia de ambiciosos planes comerciales, ya que es la única villa vieja que queda en el sector, está rodeada por enormes edificios modernos y sin un uso específico.

La firma Contexto Urbano fue la elegida para construir el proyecto de restauración que contempla un hotel de 70 habitaciones y locales comerciales. La constructora consultó las normas jurídicas para adelantar la obra y según ellos, trataron de ajustar sus diseños a lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial (388 de 1997) y la Ley General de Cultura (397 de 1997), luego comenzaron a trabajar el Plan Especial de Protección, PEP, para Villa Adelaida.

Para elegir el proyecto de restauración de Villa Adelaida, el Ministerio de Cultura convocó a los vecinos del sector, pero éstos se sintieron como “convidados de piedra”, porque según ellos, la propuesta ganadora ya estaba seleccionada, es decir, la que presentaron los dueños de la casona, y las opiniones de los habitantes del sector ni siquiera fueron tenidas en cuenta.

Para Catalina Bateman, restauradora de bienes muebles, al restaurar un bien de interés cultural, éste se debe poner al servicio de la comunidad y los proyectos de recuperación y mejora deben incluir a la ciudadanía. En el caso de los inmuebles, se debe tener en cuenta el impacto económico que se pueda causar a determinada comunidad.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, entidad que en varias ocasiones se negó a dar declaraciones abiertas sobre este tema, manifestó mediante un comunicado de prensa que el PEP aprobado para Villa Adelaida “comprende la ampliación del uso comercial del predio hasta 3.900 metros cuadrados, incluidas área de servicio y circulación y no permite el establecimiento de supermercados, autoservicios, cines, teatros o similares, cuyo uso implica una alta concentración de público a determinadas horas”. Con esta decisión que estuvo mediada por la Contraloría Distrital de Bogotá, se ponía fin a la discrepancia con la firma ejecutora del PEP, que pedía más de ocho mil metros cuadrados para uso comercial, cuando el área general del inmueble comprende 6.406 metros cuadrados, de los cuales 1.092 ya están construidos.

La falta de acuerdo por el proyecto que debía ser ejecutado, llevó a que el entonces alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón y la ministra de Cultura, María Elvira Cuervo, decidierdn declarar el PEB en suspenso hasta nueva orden.

Con el fin de ampliar la participación de los vecinos del sector, la administración distrital de Bogotá durante el mandato de Garzón promovió en 2006 una consulta popular para decidir el futuro de Villa Adelaida, pero los participantes en la consulta denuncian que ésta no fue tenida en cuenta a la hora de avalar el PEP por parte del Concejo Nacional de Patrimonio Cultural, el 15 de diciembre de 2008 y por eso tienen demandado el resultado del mecanismo de participación ciudadana.

A la discusión de por qué el resultado de la consulta popular no fue tenido en cuenta a la hora de avalar el PEP, Planeación Distrital argumentó que  MinCultura no está obligado a acatar la consulta, sólo la debe tener en cuenta como insumo importante a la hora de elaborar el PEP.

Luego, el mismo ministerio señaló mediante un comunicado de prensa que como Villa Adelaida es propiedad privada, “ni la comunidad, ni el Distrito, ni el Ministerio de Cultura, pueden decidir de manera unilateral el desarrollo del predio”.

El pasado 13 de marzo, el Concejo Nacional de Patrimonio Cultural avaló casi con carácter definitivo un Plan Especial de Manejo y Protección, Pemp, que autoriza construcciones de hasta ocho pisos sobre la Carrera Quinta, lo cual sería ilegal ya que supera la altura de la casona y de dos pisos sobre la Carrera Séptima.

Nuevamente la Asociación de Vecinos Cuidadores del Medio Ambiente, Acuavieja y la Sociedad de Ornato y Mejoras de Bogotá, anunciaron acciones legales contra el más reciente pronunciamiento del ministerio, puesto que autoriza reconstruir sólo la casa y no la villa en general, que es lo que constituye el patrimonio.

En cuanto a la Sociedad de Ornato se refiere, ésta le solicitó a Planeación Distrital que uno de los arquitectos encargados de valorar el proyecto, se declare impedido por sus cercanos nexos con los propietarios del inmueble.

Jugadas económicas

Desde que el uso del suelo en el barrio Emaus fue cambiado por el Distrito, la casona ha tenido una valoración acelerada. Mientra en octubre de 2005 la casa valía $4.400 millones, para junio de 2006 fue avaluada en $ $25.000 millones.

En el caso específico del proyecto, para octubre de 2005 éste contaba con un área comercial de 8.780 metros cuadrados con un espacio total construido de alrededor de 25.000 metros cuadrados. Sin embargo, en junio de 2006 en los planes de construcción sólo figuraban la mitad del área comercial, mientras que el proyecto total sólo se redujo en alrededor de 2.000 metros cuadrados, quedando sin justificar 8.612,45 metros cuadrados del predio.

El costo de la restauración del predio también varió considerablemente entre 2005 y 2006 al pasar de $1.500 millones en el primer año, a $4.000 millones en el segundo.    

En el caso de los usos del inmueble, los vecinos del sector también han advertido que el proyecto genera más área de la propuesta inicialmente por el PEP. Tal es el caso del servicio de parqueadero que sólo cubre el 66.58% de lo dispuesto para tal fin, mientras que el excedente equivale a más de  un sótano de parqueo.

Para los vecinos y la Sociedad de Mejoras de Bogotá, los constructores no se están fijando a lo dispuesto por el PEP y señalan que los 8.612,45 metros sin justificar y el 33.42% del espacio dispuesto para parqueadero que beneficiarían el sector, serán destinados a aumentar los 3.900 metros cuadrados de comercio establecidos en el PEP, teniendo en cuenta el equipamiento, lo cual es ilegal.

Los propietarios y el proyecto

Para los defensores de este patrimonio cultural, no es casualidad que el proyecto elegido para restaurar la casa, haya sido presentado por la firma Contexto Urbano, puesto que la constructora pertenece a un grupo empresarial que tiene acciones en Villa Adelaida.

En cuanto a los propietarios del predio se refiere, la Sociedad de Ornato ha venido pidiendo claridad al ministerio, ya que el accionista mayoritario del bien, Manuel Abajó Abajó, tiene señalamientos  por narcotráfico.

La propiedad de Villa Adelaida está dividida de esta manera: Inmunizadora de Maderas del Oriente, con un 61.81% de las acciones. Maderas del Oriente pertenece a Manuel Abajó en un 97% y a Otilia Abajó, con un 3%.

El periodista Javier Londoño Rodríguez, estableció en una investigación que Manuel Abajó aparece en la página 244 del libro “Los Jinetes de la Cocaína”, de Fabio Castillo, porque supuestamente en 1986 ingresó a España un lote de 30 caballos Pura Sangre “en cuyos guacales, agentes de aduana encontraron varios kilos de cocaína”.

Los otros propietarios de la villa, corresponden a Holguines S.A., con un 30.90%; Concreto S.A., a cuyo grupo empresarial pertenece la firma Contexto Urbano, con un 3.63%, y Sociedad Bonilla y Arboleda Ltda, con un 3.63%.

Una vez los vecinos refirieron las dudas respecto al empresario Manuel Abajó, éste envió una carta al Ministerio de Cultura, para aclarar “las malévolas versiones” que según él, sólo pretenden “perjudicar el proyecto sobre la carrera séptima que sería muy beneficioso para Bogotá”.

“Nunca he sido sindicado de ningún tipo de delito, tampoco he declarado en juicio ni he sido imputado y menos condenado en Colombia. Si hubo publicaciones mal informadas e injustas donde se mencionó hace años mi nombre, no hay razón para que personas malintencionadas las utilicen en este momento, no sé con qué fin”, reza la carta del empresario, quien dice además que se siente  vulnerado en su honra y derechos fundamentales.

Ahora bien, la restauración y construcción de un edificio sujeto a normas urbanas eleva a $2.000 millones el pago de valorización por familia en el barrio Emaus, mientras que la restauración y construcción de un parque la aumenta a $10.000 millones, según les propuso MinCultura a los vecinos.

Aunque este tema ha sido debatido en el Congreso y en el Consejo Distrital de Bogotá, no se ha llegado a mayores conclusiones y no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con el inmueble. Lo único seguro, es que los vecinos del sector están dispuesto a no dar su brazo a torcer y hacer prevalecer la ley en defensa del bien común.