El blog de Yovann Valencia Mosquera

Por siglos se pensó que la riqueza de los océanos del mundo era inagotable y el hombre comenzó a extraer indiscriminadamente estos recursos para satisfacer sus gustos y necesidades. Sin embargo, con el correr del tiempo, la sobre pesca de especies y algunas prácticas irresponsables, han demostrado que estos recursos se están agotando.

El concepto de pesca sostenible, deriva de las prácticas responsables y de las artes de pesca que hacen lo posible por causar impactos menores en los ecosistemas marinos. Actos tan sencillos como respetar las vedas, las tallas de peces y las zonas protegidas, son sólo algunas medidas que pueden hacer una realidad este concepto.

Hoy, la cantidad de peces en tallas aptas para ser pescados y puestos en el marcado para satisfacer la demanda mundial, ha disminuido en un 90%. Entre tanto, anualmente se devuelven siete millones de toneladas de peces sin vidas al mar, producto de la pesca industrial a gran escala, que no es selectiva en sus formas de captura.

Sin embargo, aún es posible frenar este problema medioambiental que pone en peligro la vida en los mares y la subsistencia del hombre mismo. Si las flotas pesqueras del mundo redujeran sus tamaños, así como las dimensiones de sus redes, la situación mejoraría. Igualmente, si tanto la industria pesquera como los consumidores exigieran tallas de peces entre la media de madurez (59,3 cm) y la media de captura (68,7cm), lo cual garantiza que los especímenes alcancen a reproducirse. De lo contrario, se estima que para el 2050 no habrá recursos pesqueros en abundancia.

En Colombia y el mundo, algunas formas de captura de peces como la pesca de arrastre, las redes de cerco y las redes de enmalle, ponen en peligro la sostenibilidad pesquera, ya que estas prácticas capturan especies a las que no va dirigida la pesca, no son selectivas en las tallas y algunas, como las redes de enmalle, corren el riesgo de perderse en el mar y seguir enredando especies por tiempo indefinido.

En el caso de las redes de arrastre, pesca que va dirigida a la captura de camarones, se extraen 14 kilos de pescados por cada uno de camarones. Estas especies, en la mayoría de los casos, son devueltas sin vida al mar porque no son consumibles ni comercializables. Otras prácticas como la red de cerco, que va dirigida a la caza de atún, ponen en peligro a manadas de delfines.

En Colombia para hacer frente a la caza de especies cuya forma de pesca no va dirigida a su captura, el Ministerio del Medio Ambiente ordenó desde 2008, el uso de un dispositivo excluidor de tortugas en las redes de arrastre para salvaguardar esta especie. Sin embargo, medidas como estas se quedan cortas a la hora de proteger los recursos pesqueros en el país. En Colombia no hay veda para las redes de cerco desde 2010, no hay cuotas de pesca fijadas para la captura de atún y tampoco hay una legislación que regule oficialmente la pesca de mar. Tal es el descuido, que un país con 1.300 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico y 1.600 sobre el Mar Caribe, sólo cuenta con una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal, comprendida entre Bahía Solano y Punta Ardita, en el Chocó.

Una alternativa responsable

La línea de mano es el arte de pesca más amigable con el medio ambiente y el que mejor puede seleccionar las tallas y especies antes de capturarlos y ponerlo en el mercado. Esta forma de pesca, que no afecta los arrecifes coralinos, si bien es de una producción baja y controlada, se constituye en una alternativa frente al creciente problema de sobre explotación de los mares.

Iniciativas promovidas por la ONG Mar Viva y la cadena de restaurantes Wok, le están apostando a la comercialización de producciones pesqueras obtenidas causando el menor impacto ambiental posible, garantizando calidad y frescura al tiempo que promueven la pesca selectiva de especies, en la Costa Pacífica.

Desde 2009 estas dos organizaciones promueves la producción de línea de mano y apoyan a la Red de Frío conformada por 60 familias de Bahía Solano, Chocó, con el propósito de crear una oferta diferente y ofrecer productos marinos obtenidos de una forma amigable con el medio ambiente.

La idea es hacer de este arte de pesca responsable una opción sostenible con la garantía de frutos marinos obtenidos de forma legal, respetando las tallas, las espacies y las zonas protegidas, sin poner en peligro la biodiversidad marina de nuestro país.

En el caso de la cadena de restaurantes Wok, hace cuatro años también excluyó de su menú a especies como el mero, un pez que se encuentra en vía de extinción y que actualmente figura como el único depredador conocido para el pez león, especie foránea que amenaza la variedad de peces en nuestros océanos así como la existencia de los arrecifes coralinos.

Pero el mero no es la única especie de peces apetecidos por los consumidores de pescado nacionales que se encuentra en peligro de desaparecer. Según la Fundación Mar Viva, variedades como la raya, el marlín, los tiburones y el pez vela, se encuentran en alto riesgo, junto a otros como el pez espada, que corre un riesgo medio.

Así pues, cada vez que usted se acerque a un supermercado o se encuentre frente a la posibilidad de consumir recursos pesqueros, pregúntese sí el pescado que va a degustar fue capturado de forma que promueva la pesca sostenible, que garantice la continuidad de los ecosistemas marinos, y tenga en cuenta que no se trate de especies amenazadas o de ejemplares que no alcanzaron a dejar cría, ya que en el país no existe ninguna certificación que lo garantice.

A propósito de la humillación pública a la que fue sometido el Ejército Nacional en el Cauca, bien vale la pena preguntarse si el abandono histórico del Estado a las comunidades indígenas del Cauca también no es una humillación.

Es muy fácil tomar partido desde lo visto en una nota de televisión editada. Bien reza el adagio popular, que “nadie sabe día sufrido, si no cuando lo ha vivido”. Al país le dolieron las lágrimas de los soldados expulsados a la fuerza dentro del propio territorio nacional. Pero la indignación obedece más a la exaltación provocada por los medios que a un sentimiento espontáneo.

Las ofensas, los vituperios vilipendios y ultrajes (por que no se pueden negar que los hubo) que soportaron los militares, los vimos en directo y supimos de ellos en tiempo real, pero el sufrimiento diario de los indignas, ese no se ve en directo.

Claro que duele la patria al ver humillado a los garantes de la soberanía nacional, claro que duele el hijo, el hermano, el amigo, el pariente, el coterráneo que se ve sometido mientras cumple órdenes. Claro que duelen sus lágrimas y tocan el corazón. Pero si viéramos en directo las lágrimas de una madre indígena con su hijo asesinado por la guerrilla, porque el Estado no estuvo ahí para protegerlos, seguro nos dolerían tanto como las de los soldados.

Ahora, acusar a toda una comunidad de guerrillera porque se hastió de estar en medio de la confrontación, es tan humillante como el acoso en el que han vivido. Que los indígenas se excedieron, sí; que el Estado los ha abandonado, sí; que hay que negociar, sí; que la guerrillea los ha utilizado, sí; que se cansaron de estar entre el fuego cruzado, sí; que el problema no es coyuntural, también.

Sé que no tengo autoridad de ningún tipo para juzgar a unos y a otros, pero de lo que si estoy seguro, es de que hay que buscarle una salida razonable a la difícil situación de orden público que vive el Cauca y que ya se ha vuelto permanente.

Celebro la actitud de los soldados que no disparan las armas del Estado contra sus protegidos, porque a diferencia de lo que piensan muchos, no hay una equivalencia de fuerzas, no es lo mismo fisil contra garrote. No, no es lo mismo.

Que el Ejército Nacional es legítimo y le corresponde garantizar la soberanía nacional por mandato constitucional, claro, pero que a las comunidades indígenas se les otorgó una autonomía en sus territorios y resguardos, también es legítimo. Ahora, ¿cuál está por encima de cuál? No debería ser discusión ni provocar un pulso de poderes entre el Estado mismo. Sin embargo, tampoco se debe desconocer que ni Toribío ni los otros municipios del norte del Cauca son en su totalidad resguardos indígenas.

Pero habría que ser indígenas para comprender en todas sus dimensiones el concepto de autoridad indígena que ellos manejan y habría que estar del otro lado para entender el concepto del Estado soberano. Unos y otros son tan válidos, pero habría que estar de tal o cual lado para comprender sus dimensiones y no confundir la autonomía con la soberanía.

Que en Colombia los niños de las comunidades indígenas mueran de pura y física hambre y que estás sean enviadas a las grandes ciudades a mendigar en estado de indigencia, porque los armados ilegales han ocupado sus territorios y los garantes de la seguridad nacional no supieron protegerlos, es tan humillante como la agresión a las fuerzas del orden nacional.

Yo no me atrevo a calificar cuál humillación es peor, sin embargo, no desconozco que ha habido excesos de parte y parte. Exceso por actuación y exceso por omisión, Que en ocasiones el Estado no ha hecho la presencia que le corresponde, más allá de la bota militar. Pero, vaya coincidencia (y no es sarcasmo), justo ahora cuando las comunidades del Cauca se cansaron de ser atropelladas por unos y otros, el Estado estaba dispuesto a defenderlos.

Amén

De ante mano, quiero dejar claro que no intento defender a nadie con este escrito. Sólo intento dar una mirada a las posturas que sobre uno y otro tema asume la Procuraduría General de la Nación.

Soy de los que no se sorprende con el fallo de esta entidad que destituye e inhabilita por 18 años para ejercer cargos público a la ahora ex senadora Piedad Córdoba. No porque el acerbo fuera evidente, sino por que de antemano se conocía la postura del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez y se sabía que era una investigación que se adelantaba a partir del ya casi evidente fallo.

De igual manera, tampoco me sorprende que esta misma entidad salga ahora a pedirle a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que absuelva al ex congresista Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe.

Según el procurador, las pruebas que incriminan a Mario Uribe, no son suficientes para condenarlo, pero tampoco muestras las evidencias que lo sacan limpio de esta investigación. De esto ya se puede inferir que aún si la alta corte condena a Uribe, por sus hasta ahora presuntas relaciones con jefes paramilitares, el procurador es capaz de no destituirlo e inhabilitarlo, sin importar que haya una condena de por medio y si lo hace, estoy seguro que la inhabilidad no sería tan alta.

En el caso de Piedad Córdoba, (no digo que sea inocente), ya la Corte Suprema se pronunció al respecto y desistió de la investigación que adelantaba contra ella, por sus presuntas relaciones con las Farc. Es decir, el procurador le está enviando un “mensajito” a la corporación.

De todas maneras, una cosa es cierta. Mientras la responsabilidad penal de Piedad está por determinarse, la Procuraduría se adelanta y la destituye e inhabilita. Sin embargo, aunque la culpabilidad de Mario Uribe también está por esclarecerse, la entidad pide que lo absuelvan. Entonces, ¿no sería mejor que la Corte Suprema también aclare de una vez por todas, la situación penal de Córdoba en tal caso?

Más allá de estos dos casos específicos, uno puede mirar lo siguiente: la inhabilidad aplicada a Piedad bien puede considerarse exagerada, no porque de ser culpable no se la merezca, sino, porque a parapolíticos condenados penalmente, que están purgando sus penas en la cárcel, por relaciones con grupos paramilitares, comprobadas abiertamente por su juez natural, no se les ha aplicado una sanción disciplinaria tan alta. A estos “padres de la patria”, más temprano que tarde los veremos de nuevo en el escenario de la vida política nacional ocupando cargos públicos, como si nada. Es esa ya generalizada forma de aceptar que las barbaridades cometidas por los grupos guerrilleros, particularmente las Farc, y todo lo relacionado con ellos, son más graves que las cometidas por los paramilitares.

¿No será, entonces, que la actividad del procurador está dejando en evidencia su tendencia política y está demostrando para qué lo pusieron en tal cargo? No lo sé. De todas maneras, creo que hay que mirar con más detenimiento el proceder de nuestro juez disciplinario ¿y moral? Aquí algo no coincide.

Amén

El que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Pero este refrán parecen no conocerlo algunos candidatos presidenciales ni sus más fieles seguidores.

En una jornada de campañas políticas donde las propuestas claras y contundentes han brillado por su ausencia y los discursos giran en torno a un único tema, la seguridad, parece que la mejor arma para convencer al electorado es demeritar al adversario.

Ojalá los colombianos seamos más concienzudos a la hora de elegir a tal o cual candidato y no nos dejemos llevar por los sofismas distractores que disparan de una y otra campaña política.

Si nos hacemos a mirar detenidamente a cada uno de los candidatos presidenciales, tal vez sólo Mockus se salvaría de tener un “prontuario político”, pero aún así, todos se gastan el valioso tiempo de sus campañas en acusaciones y autodefensas.

No preocupados por la falta de propuestas concretas sobre temas como la pobreza, la eminente crisis del sistema de salud y el altísimo desempleo, entre otros, el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, madrugó a poner en tela de juicio las capacidades de Antanas Mockus para enfrentar a la guerrilla. Como quien dice, por algún lado hay que atacarlo. 

Por su parte, el candidato Rafael Pardo no sale de sus acusaciones a Juan Manuel Santos y éste, no para de relacionar a quienes no defiendan fielmente la Política de Seguridad Democrática, con la guerrilla. Así pues, la defensa común de todos los presidenciables, es repetir una y otra vez que sí continuarán con la Seguridad Democrática, como si fuera lo único que el país quiere oír.           

Pero como parece que los otros temas no importan, para el ex ministro Arias, cualquier propuesta que se aleje de este pilar es débil y  lo confirmó cuando aseguró que  "el desafío de las Farc no se enfrenta con mimos ni girasoles”, con la fina intención de  desprestigiar la propuesta del Partido Verde.  Es decir, asusta y vencerás.

 Así las cosas, si quienes acudiremos a las urnas nos creemos el discurso monotemático, cualquier buena propuesta educativa, económica, cultural, de consenso, o de cualquier otra índole, que se haga, estará perdida porque no prosperará  en medio de una batalla por parecerse al anterior mandatario, más que por ser un nuevo líder del pueblo colombiano, capaz de reorientar por mejor camino el destino de este país.

Amén                     

El secuestro y posterior asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, es un campanazo de alerta para pensar que algo anda mal en la seguridad del país, que el discurso debe ser menos alienador y, lo más importante, para tener en cuenta que el lenguaje no cambia la realidad y que ésta siempre lo supera todo.

Digo esto porque tras el discurso de la Seguridad Democrática, que sirvió hasta para reelegir presidente, se han ocultado los focos de violencia que sigue habiendo en el país. Como todos compramos la idea del territorio seguro, nos confiamos y creímos que ahora sí estábamos en un país vivible. Nos creímos tanto todo esto, que bajamos la guardia y le restamos importancia a los testimonios de quienes en siete años de Seguridad Democrática nacional no la han conocido.

Uno no puede ser siego para desconocer que el país sí tuvo un gran avance en materia de seguridad, y que la política diseñada para recuperar el territorio nacional de manos de los grupos ilegales y mermar el vivo dominio de éstos en regiones específicas del país, se hizo notar en esta parte. Claro, más al principio que ahora.

Pero de cierto modo y particularmente en el último año, algo ha comenzado a andar mal. Si bien exageraría al señalar que los grupos guerrilleros y particularmente las Farc, siguen siendo tan fuertes como lo eran hasta bien entrado el 2002, no erro al afirmar que son un grupo que sigue vivito y que está tomando impulso. O al menos eso parece

Nuevamente hemos visto a las Farc intentando tomarse pueblos (particularmente en el Cauca), apareciendo en las carreteras y que mando buses en plena vía y, como si fuera poco, repitiendo operaciones que creíamos irrepetibles, como entrar en una residencia en zona céntrica de una capital departamental, burlar las autoridades y regímenes de control (en plena Seguridad Democrática) y secuestrar ciudadanos. También los vimos irrumpir nuevamente en un recinto legislativo (no tan grande como la Asamblea Departamental del Valle del Cauca) y llevarse a representantes de los colombianos, con los guardianes de la Seguridad Democrática rondando por los alrededores.

Entonces, aquí algo está fallando, nos confiamos mucho, nos quedamos con el discurso que ya nos habíamos creído y nos cogieron con los calzones abajo cuando decíamos tenerlos bien puestos. No es que quiera desconocer logros y denigrar de la Política de Seguridad Democrática, pero sí creo que hay que repensarla.

Pero no se puede olvidar que la Política de Seguridad Democrática fue concebida también para enfrentar las grandes organizaciones delincuenciales y a las bandas de grupos narcotraficantes. Pues ahí también algo anda mal.

En la Región del Pacífico, por ejemplo(sólo un pequeñísimo caso), reductos paramilitares, como hombres del Bloque Baudó, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que nunca se desmovilizaron, siguen siendo mercenarios del narcotráfico en esa zona y operan campantemente frente al miedo de una población que por el susto no denuncia.

Estos “nuevos paramilitares” operan particularmente desde los corregimientos de Cantil y Terrón, en el Bajo Baudó, Chocó. Y como si fuera poco, el fenómeno del sicariato llegó a poblaciones tan pequeñas como Bahía Solano, en el mismo departamento.

Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Ante esto uno se pregunta ¿dónde pueden esconderse unos sicarios luego de cometer un asesinato en un pueblo tan estrecho como Bahía Solano y que no lo sepan las autoridades? ¿Acaso la Seguridad Democrática no es nacional? ¿Qué está pasando entonces con esta política del Gobierno?

Amén